viernes, 6 de abril de 2018

"Los genocidas no están para ser reinsertados en la sociedad"

Francisco Gómez, genocida
El nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit vio el nombre de su apropiador, Francisco Gómez, en el listado de genocidas recomendados por el Servicio Penitenciario Federal para que se les otorgue la prisión domiciliaria, que publicó La Retaguardia en diciembre. Casi al mismo tiempo se enteró de que Gómez había solicitado el beneficio. Allí escribió una catarsis vía Twitter que se viralizó de manera impensada. En tanto víctima, tendrá audiencia con el Tribunal Oral y Federal N°5 de San Martín para dar su posición al respecto. Roisinblit habló con Fernando Tebele en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia y contó las sensaciones que le generó la posibilidad de que su apropiador se calce la tobillera electrónica y vaya para su casa. (Por La Retaguardia) 

Guillermo Pérez Roisinblit es uno de los nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Es hijo de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, militantes de la columna oeste de Montoneros. Sus padres fueron secuestrados y desaparecidos. Guillermo nació en cautiverio, en la ESMA, en noviembre de 1978. Desde ese momento fue apropiado por Francisco Gómez, personal civil de un grupo de inteligencia de la Fuerza Aérea que operó en la zona oeste del gran Buenos Aires. La identidad de Guillermo fue restituida en el 2000. Cuando se encontró con que el nombre de su apropiador estaba en el listado de genocidas propuestos por el SPF para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria publicado por La Retaguardia en diciembre del año pasado, sintió miedo y enojo, “una mezcla de sensaciones que no me va alcanzar el tiempo para contar”. Lo que si contó fueron los juicios que condenaron a su apropiador y su participación en ellos: “Lo peor de todo es que el listado lo vi en conjunto con la ratificación del pedido del beneficio del arresto domiciliario. Francisco Gómez afrontó dos procesos judiciales. El primero tuvo condena en el año 2005, por mi apropiación. Solamente le dieron 7 años y medio. Todavía las penas no se habían endurecido. Todavía los derechos humanos no eran políticas de Estado del gobierno. El segundo fue en el año 2013. A mí me citó a declarar el juez (Daniel) Rafecas en Instrucción. Yo declaré todo lo que él me contó de su boca con respecto al cautiverio de mis padres. A los tres días quedó detenido. El juicio se desarrolló en el año 2016. Se conoció como juicio RIBA, la Regional de Inteligencia Buenos Aires que tuvo el epicentro represivo en zona oeste y estuvo a cargo de la Fuerza Aérea. Gómez era personal civil de la Fuerza Aérea, de inteligencia”, explicó Guillermo, que no se quedó de brazos cruzados esperando que su apropiador reciba el beneficio sino que dio a conocer la situación a través de las redes sociales: “Mis amigos me comentaron del listado. Lo empecé a buscar y encontré la nota. Me empecé a llenar de bronca y de miedo. Más tranquilo me senté a escribir el tuit que jamás pensé que iba a tener la trascendencia y que se iba a viralizar como se hizo”, expresó. El mensaje de Twitter al que hace referencia Pérez Roisinblit es, en realidad, una serie de tuits donde cuenta sobre su infancia bajo la apropiación de Gómez, la violencia y las amenazas del genocida y la restitución de su libertad en el año 2000. Allí hace referencia al listado del SPF y a la posibilidad de que el represor accediera al beneficio de la prisión domiciliaria: “¿A qué viene esto? Hace un par de días me notificaron que Gómez está solicitando su detención domiciliaria, y ¡caramba! es uno de los 110 genocidas que el Servicio Penitenciario intenta dejar en libertad". "Es un criminal peligroso, sin ningún respeto por la vida humana que no dudó siquiera en robarse al hijo de sus víctimas. ¿Lo van a dejar en libertad?", escribió en la red social hace casi un mes.

Los oídos de la justicia

Guillermo visitará el TOF 5 de San Martín para expresar su desacuerdo con el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Gómez. El Tribunal, que está obligado a escucharlo en una audiencia, decidirá si le otorgan el beneficio al genocida: “Gracias a lo que se conoce como Ley de (Protección a) Víctimas (de Delitos), una ley sumamente positiva de lo que se ha legislado en este gobierno, me tuvieron que ratificar (la audiencia). Además me asiste el derecho de ser escuchado en una audiencia por el Tribunal antes de decidir. Más allá de lo que yo pida, el Tribunal termina decidiendo de manera independiente. Tiene la obligación de escucharme. Yo ya solicité ese derecho. También, con Abuelas, pusimos a disposición como parte a dos peritos; un médico clínico y un psicólogo, para que evalúen el estado de salud de Gómez. No es el único requisito, más allá de que algunos jueces así lo entienden. Tiene que haber algo más que el tema de la edad. Tiene que haber alguna patología, algún estado de salud agravado como para que se lo otorguen. Aun así tampoco tiene ninguna obligación ni el juzgado ni el Tribunal. En el común de la gente está instalado que pasando los 70 años les corresponde el beneficio del arresto domiciliario. La verdad que 70 no es tanto. Después de la última reforma previsional, 70 años es la edad a la que se va a jubilar un varón. ¿Voy a dejar de tener miedo porque es un viejito Francisco Gómez? No, la verdad que me sigue aterrorizando. Yo tengo mi cabeza llena de los recuerdos de las cosas que me hizo vivir. A mí directamente nunca me aplicó ningún tipo de violencia física. Yo tuve que ser testigo de cómo le propinaba golpizas brutales a su ex esposa, a mi apropiadora, al punto de dejarla en el hospital en más de una oportunidad. También la amenazaba con armas blancas y con escopetas. Es un ser sumamente violento”, definió Pérez Roisinblit en conversación con Oral Y Público.

Las amenazas y los miedos

El peligro de la concesión del arresto domiciliario no reside solamente en dejar en manos de un dispositivo electrónico el accionar de un genocida. Aun con un funcionamiento correcto de la tobillera, el represor puede mantener reuniones telefónicas y presenciales de las que no queda ninguna constancia; eso sería una desmejoría clave en la seguridad, siempre partiendo de la base de que las visitas a la cárcel quedan registradas. En definitiva, puede seguir operando y ese es uno de los mayores temores de Guillermo, que ya fue amenazado de muerte por su apropiador: “En el juicio RIBA, después de todo el material probatorio que se incluyó en la Instrucción y después en el juicio oral y público, quedó determinado que eran entre 30 y 33 agentes que estaban en la RIBA. Sin embargo, solo fueron juzgados 2: mi apropiador y el jefe de la RIBA. Quedan 28 agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea que tranquilamente pueden realizar el trabajo de Gómez. No son investigados ni nada. Incluso algunos de esos agentes fueron sugeridos por la defensa en el juicio RIBA”, contó.

Por último, Guillermo Pérez Roisinblit, Guillo para sus amigos y para la familia que tanto lo buscó, reflexionó acerca de este peligro que representa sacar de las cárceles a los genocidas, que por la gravedad de sus crímenes y por su silencio respecto a las víctimas continúan perpetuándolos: “Es necesario que nos escuchen a las víctimas. Es necesario que sepan que (los genocidas) no son personas que están adaptadas ni listas para ser reinsertadas en la sociedad porque en ningún momento se arrepintieron de lo que hicieron y nunca aportaron ningún tipo de datos. Estamos hablando de los crímenes más aberrantes que repudia toda la humanidad. Nunca aportaron ningún tipo de datos e incluso, algunos como Astiz han reivindicado lo que hicieron y juraron que lo volverían a hacer. Estamos desprotegidos y me da a pensar en qué punto repara o no la justicia. Yo fui víctima desde antes de haber nacido. Fui secuestrado desde el octavo mes de gestación. Conmigo cometieron un delito de 21 años hasta que me encontraron y me devolvieron la identidad. Ahora tengo que ser víctima de nuevo. Tengo miedo. La justicia así no me repara en nada”, cerró.

lunes, 19 de febrero de 2018

Sustracción de niños en el pinochetismo

Adopciones irregulares

La justicia de Chile reveló la existencia de una red que facilitó la adopción en países extranjeros de alrededor de 500 niños sustraídos a familias en situación de vulnerabilidad durante la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet.

La entrega de esos niños, mayoritariamente a familias de Estados Unidos, ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980, confirmó el juez que investiga el caso, Mario Carroza, en declaraciones publicadas ayer por el diario santiaguino La Tercera.

“Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990”, durante el que se extendió la dictadura de Pinochet, y “en razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular”, explicó Carroza.

El proceso, que se había iniciado con una cantidad limitada de querellas, se amplió a cerca de 500 casos merced a un informe de María Cecilia Erazo, una asistente social y abogada que trabaja como perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que Carroza es magistrado. Por el caso está imputada la asistente social Telma Uribe, de 96 años. 

En su informe, la abogada Erazo precisa que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular esas adopciones a países extranjeros, que el sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían recursos para el cuidado y protección del menor. “Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento de parte de los tribunales respecto de la temática” señala el documento al que tuvo acceso La Tercera. Según la investigación, en algunos casos Uribe sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. “Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, subraya el informe.

lunes, 12 de febrero de 2018

Otro represor suelto

El ex oficial de Inteligencia Carlos Hidalgo Garzón, condenado por delitos de lesa humanidad y apropiación de una hija de desaparecidos, salió de su casa sin permiso en dos oportunidades y tenía una escopeta y una pistola.

Mientras los vecinos del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata aguardan expectantes que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata revoque el arresto domiciliario de Miguel Etchecolatz, otro represor condenado por delitos de lesa humanidad ratificó su nulo apego a la ley al violar por segunda vez sus privilegiadas condiciones de detención. Se trata de Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex oficial de inteligencia del Ejército condenado por sus crímenes en el centro clandestino La Cacha y por la apropiación de la hija de dos de sus víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo denunció ayer que a mediados de enero salió al menos dos veces de su casa de Castelar sin autorización y que además admitió en una denuncia policial tener armas en su poder. En consecuencia pidió el fin de ese beneficio y le reclamó al TOF-1 de San Martín que ordene la inmediata detención del represor y de su mujer (también apropiadora) María Francisca Morillo, quien está condenada pero libre y oficia paradójicamente como garante de que Hidalgo Garzón no salga de la casa. Alan Iud, abogado de Abuelas, recordó que los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Dante Petrone dictaron en 2013 “una sentencia ejemplar” a los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando pero advirtió que “si no se cumple, se transforma en una burla”.

Catalina nació durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo en agosto de 1977 y recuperó su identidad recién en 2008. Dos años después, el ex capitán Hidalgo Garzón, que integró el Batallón de Inteligencia 601, fue detenido por secuestros y torturas en La Cacha. A principios de 2013, todavía sin condena, con un arresto símil-domiciliario en un geriátrico de Belgrano, salía a pasear en bicicleta con total impunidad. La joven a quien crió como trofeo de guerra, que ya se había constituido como querellante, se lo cruzó dos veces cerca del hipódromo de Palermo, lo denunció, y el  TOF-1 platense integrado por Carlos Rozansky, Pablo Jantus y Pablo Vega le revocó el beneficio y ordenó su traslado al hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Ese mismo año el tribunal de San Martín, que le permitió estar libre durante el proceso, condenó al represor y a su mujer por la apropiación ilegal a quince y doce años de prisión respectivamente. En 2014, en tanto, el TOF-1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua por sus crímenes en La Cacha. En junio pasado, contrariando los informes de los peritos médicos, el mismo tribunal pero con votos de Germán Castelli y Alejandro Esmoris le concedió el arresto domiciliario por el solo hecho de tener 72 años y estar estresado. Hidalgo Garzón, sin embargo, siguió preso en Marcos Paz por la prisión preventiva que le impuso el juez Ernesto Kreplak y que confirmó la Cámara Federal de La Plata, por delitos por los que todavía no fue juzgado. La buena nueva para el represor llegó el 22 de diciembre, cuando la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal con votos de Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci revocó los rechazos al pedido de domiciliaria y le concedió ese beneficio que se efectivizó el 10 de enero.

 Apenas dos días después violó por primera vez el arresto. El Programa de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica informó la salida sin autorización judicial en dos oportunidades, los días 12 y 15 de enero. No fue su único incumplimiento. El viernes pasado a la madrugada tres ladrones armados entraron a la casa del Barrio Marina y la desvalijaron luego de tomar como rehenes a la pareja y un hermano de la mujer. Según la denuncia policial del propio Hidalgo Garzón, además de 200 mil pesos y varios objetos le robaron dos armas: una escopeta y una pistola. “Bersa modelo 223 calibre 22 largo”, apuntó el diario Crónica. “Consciente de la prohibición de portar armas, el militar denunció por mail el hecho delictivo ante el Tribunal Oral y el Juzgado Federal 1 de La Plata pero nada dijo sobre la existencia ni el robo de las armas”, destacó Abuelas. “La situación reviste aún mayor gravedad si se tiene en cuenta que Catalina de Sanctis Ovando denunció durante un juicio que desde su restitución el ex militar le envió cartas amenazantes a ella y a su pareja”, advirtió.

Con las evidencias en su poder, Abuelas presentó una nota ante el juzgado de Kreplak y ante el TOF-1 de La Plata, el mismo que recibió los reclamos sobre Etchecolatz, para que le revoquen el beneficio. Al mismo tiempo, le pidió al TOF-1 de San Martín que haga efectiva la prisión de ambos apropiadores. Casación ya confirmó esa sentencia y sobre fin de año rechazó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema. Luego se limitó a preguntarle al defensor del represor si había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema. El abogado anunció que lo haría aunque en el expediente no hay ninguna constancia de que lo haya concretado. Por ese motivo Abuelas reclama la ejecución de la sentencia.

 “Al condenar a los apropiadores, el tribunal de San Martín remarcó con claridad que no sólo sabían que Catalina era desaparecida sino que conocían perfectamente su origen y quién era su madre. Fue una sentencia ejemplar, que le impuso a Hidalgo Garzón una de las penas más altas a un apropiador, quince años de prisión, y la más alta para una apropiadora, doce años”, recordó Iud ante la consulta de PáginaI12. “Pero de nada sirve si la sentencia no se cumple. Se transforma de ejemplar en una burla. Por eso esperamos que el tribunal de San Martín corrija pronto esta situación”, reclamó.